| Carlos Miguel Fernández Recio
Este debió de ser el discurso entre alguacilillos y toreros en los recientemente celebrados festejos del pasado fin de semana. Este o algo parecido porque, como bien es sabido, las orejas forman parte del despojo bovino enviado al crematorio.
A comienzos de la pasada semana, comenzaban a despejarse las dudas que se cernían sobre las primeras ferias del calendario taurino. La Unión Europea resolvía que, ante la imposibilidad de llevar a cabo las pruebas necesarias para declarar las canales de lidia aptas para el consumo, todas las reses lidiadas mayores de 30 meses fueran destinadas a la planta incineradora designada para la ocasión.
Las reacciones no se hicieron esperar y ya en Ajalvir vimos como las canales de los toros lidiados eran transportadas y destruidas acorde con la normativa vigente. Sin embargo, y a pesar del cumplimiento de las normas dictadas por las autoridades, los estamentos taurinos deciden crear un gabinete de crisis para afrontar las rondas de conversaciones con los políticos.
Dicho gabinete queda finalmente compuesto por : José Luis Lozano por ANOET
(Asociación Nacional de Espectáculos Taurinos), Manolo Martín por UNETE (Unión Nacional de Empresarios Taurinos Españoles), los ganaderos Jaime Sebastián de Erice por la Unión de Criadores de Toros de Lidia y Eduardo Martín Peñato por la Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia, y Antonio Borregón como Presidente del Consejo
General de Colegios de Veterinarios de España.
Durante toda la pasada semana se mantuvieron diversas reuniones sin que se llegase a ningún tipo de acuerdo. Sin embargo, y sorprendentemente, se han filtrado informaciones que apuntan a que las alternativas sugeridas por las autoridades políticas consistían en que se subiesen el precio de las localidades por un lado, y disminuir los salarios de los toreros por otro. En ningún caso, se contemplaba la posibilidad de subvencionar el incremento de costes para el empresario derivado del transporte y posterior incineración de las reses de lidia. Estos costes en el caso de Valdemorillo, y en palabras del gerente de la empresa de Maximino Pérez, José Ramón Sánchez, ascienden a un total de un millón de pesetas por festejo.
Las cargas que los empresarios están soportando son excesivamente gravosas si tenemos en cuenta que, la gran mayoría de las plazas son concedidas mediante un pliego de condiciones publicado por el correspondiente organismo político propietario de la plaza. Esto implica que hay una política de precios y festejos programados e intervenidos que imposibilitan su modificación, salvo publicación de decreto, en palabras de José Luis Lozano.
Las más directas consecuencias derivadas de la actual situación pueden ser: la suspensión o reducción de numerosos festejos programados en diferentes ferias y el riesgo que la cabaña brava asume con la normativa vigente, ya que según ésta, en el supuesto de que se detectase un caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en una de las reses de más de 30 meses, se debería proceder a la destrucción de la cabaña completa con los irreparables daños que ello conllevaría para la preservación de la casta brava; un bien, por otro lado, bastante escaso en la actualidad.
Y mientras tanto toreros, aficionados, ganaderos, alguacilillos....dudan entre cortar orejas o no cortarlas, no vaya a ser que la cosa se líe más. Aunque, ironías aparte...¡ estaría bueno que lo que no han conseguido las fuerzas antitaurinas durante años, lo consiguiese una enfermedad que proviene de uno de los países tradicionalmente más críticos con nuestra fiesta!
| 
